Zona Fría: cuando representar a Pinamar debería pesar más

Pinamar reclamó durante años su incorporación al Régimen de Zona Fría, consiguió el beneficio en 2021 y llegó a tener más de 25 mil usuarios alcanzados. Cinco años después, la ciudad queda afuera del esquema ampliado. En el medio hay una decisión nacional, argumentos económicos y una contradicción política imposible de ignorar: Martín Yeza, exintendente de Pinamar y actual diputado nacional, votó a favor de la reforma que terminó eliminando el beneficio para el distrito.

La discusión sobre la Zona Fría puede abordarse desde muchos lugares. El Gobierno nacional sostiene que los subsidios energéticos deben estar focalizados según la situación socioeconómica de los usuarios y no determinados de manera general por su ubicación geográfica. Es una discusión válida, como también lo es analizar el costo fiscal del sistema, revisar quién necesita asistencia estatal y determinar si la ampliación realizada en 2021 había alcanzado a zonas que no debían estar incluidas. El problema aparece cuando esa discusión nacional aterriza en Pinamar y obliga a mirar qué ocurrió con una política que la propia ciudad había reclamado durante años.

Pinamar no ingresó al Régimen de Zona Fría por casualidad. Hubo reclamos institucionales, intervenciones del Concejo Deliberante y gestiones políticas destinadas a conseguir la incorporación del distrito. Finalmente, la ampliación establecida por la Ley 27.637 permitió que miles de usuarios locales accedieran a una tarifa diferencial de gas. Un informe oficial de ENARGAS contabilizaba, en marzo de 2022, 25.911 usuarios beneficiados en el partido. Posteriormente, incluso desde el Municipio se reclamó que el alcance de la medida contemplara también a quienes utilizaban gas envasado.

Ese recorrido importa porque demuestra que durante años existió en Pinamar cierto consenso alrededor de una idea: vivir en una ciudad turística de la costa bonaerense no significa vivir permanentemente en verano. Detrás de la postal de enero existe una comunidad que atraviesa junio, julio y agosto, con temperaturas bajas, humedad, viviendas que muchas veces no fueron diseñadas pensando en la eficiencia energética y familias que necesitan calefaccionarse durante buena parte del invierno.

Cinco años después de aquella ampliación, el escenario cambió. El Congreso avanzó con una reforma que reduce el alcance territorial del régimen y Pinamar queda fuera del esquema ampliado. El 20 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general por 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvo Martín Yeza, actual diputado nacional y exintendente de Pinamar.

El dato merece atención no solamente por el vínculo evidente de Yeza con la ciudad, sino porque durante su trayectoria política había acompañado el reclamo para que Pinamar recibiera ese tratamiento diferencial. La contradicción, por lo tanto, no necesita ser construida artificialmente ni exagerada: una política que antes era considerada necesaria para los vecinos de Pinamar terminó siendo modificada con el voto favorable de quien gobernó el distrito durante ocho años.

Naturalmente, las posiciones políticas pueden cambiar. También pueden cambiar las circunstancias económicas del país, los sistemas de subsidios y hasta la evaluación sobre una política pública. Sería absurdo exigir que un dirigente sostenga eternamente cada posición que adoptó en el pasado. Pero cuando ese cambio termina afectando directamente a miles de vecinos de la ciudad que gobernó, existe como mínimo una responsabilidad política de explicar qué cambió y por qué.

¿Dejaron de existir las condiciones que justificaron incorporar a Pinamar al régimen? ¿Se considera ahora que aquellas razones eran equivocadas? ¿El nuevo sistema de subsidios focalizados compensará suficientemente a los hogares que realmente necesitan asistencia? ¿O simplemente prevaleció la posición nacional del espacio político por encima del interés que anteriormente se había defendido desde Pinamar? Son preguntas legítimas que merecen respuestas igualmente claras.

Y ahí aparece una discusión que va bastante más allá de la factura de gas: qué significa representar políticamente a una comunidad.

Un diputado nacional no es un delegado municipal en el Congreso. Representa a una provincia, participa de discusiones que afectan al conjunto del país, integra un bloque político y debe tomar decisiones sobre asuntos que exceden largamente los intereses de su ciudad de origen. Pretender lo contrario sería desconocer cómo funciona nuestro sistema institucional. Pero reconocer esa realidad tampoco significa aceptar que el vínculo con la comunidad desaparece automáticamente al asumir una banca nacional.

Hay momentos en los que la política obliga a elegir entre acompañar una posición general y defender un interés concreto del territorio del que se proviene. Son precisamente esos momentos los que permiten medir cuánto pesa la representación. Es sencillo hablar de Pinamar cuando llegan inversiones, cuando se inaugura una obra o cuando los resultados de una gestión pueden mostrarse como capital político. Mucho más difícil es sostener esa representación cuando hacerlo supone diferenciarse de una decisión impulsada por el propio espacio.

Por eso el voto de Yeza tiene relevancia periodística y política para Pinamar. No porque deba exigírsele votar siempre en función de lo que resulte económicamente conveniente para el distrito, sino porque estamos frente a una medida que afecta a miles de usuarios y que contradice una posición que la ciudad —y el propio dirigente— había defendido anteriormente. Señalar esa contradicción no implica desconocer los argumentos fiscales del Gobierno ni convertir una discusión tarifaria en una condena personal. Implica pedir coherencia o, cuando la posición cambia, una explicación.

También sería demasiado cómodo reducir toda la responsabilidad a un solo diputado. La pérdida del beneficio atravesó un proceso legislativo nacional y debería servir para revisar qué capacidad tuvo la dirigencia pinamarense, oficialista y opositora, para defender los intereses del distrito mientras la reforma todavía estaba en discusión. El Concejo Deliberante se manifestó sobre el tema y hubo posiciones públicas, pero el resultado final obliga a preguntarse cuánto peso real tiene Pinamar cuando decisiones tomadas a cientos de kilómetros terminan afectando directamente la vida cotidiana de sus habitantes.

Porque finalmente ahí termina esta historia. No en una sesión del Congreso ni en una discusión técnica sobre subsidios energéticos, sino en las casas. Algunos hogares podrán quedar alcanzados por mecanismos de asistencia vinculados a su situación socioeconómica y otros deberán afrontar el nuevo escenario sin el beneficio territorial que tenían hasta ahora. La magnitud exacta del impacto dependerá de cada usuario, su consumo y el esquema tarifario correspondiente, pero hay algo que ya no está en discusión: Pinamar pierde un beneficio que había reclamado y conseguido.

Quizás por eso esta discusión sea más importante que la Zona Fría. Obliga a preguntarnos qué esperamos de quienes llegan a espacios de representación después de haber gobernado nuestra ciudad. Un dirigente puede construir una carrera provincial o nacional, integrar un partido y defender un programa político más amplio. Pero su conocimiento del territorio también debería servir para llevar la realidad de ese territorio a los lugares donde se toman decisiones.

Pinamar peleó para ingresar a la Zona Fría y durante años sostuvo institucionalmente que existían razones para hacerlo. Hoy queda afuera. Y cuando llegó el momento de votar una reforma que afectaría directamente ese beneficio, un exintendente de la ciudad decidió acompañarla.

Los vecinos podrán evaluar políticamente esa decisión como consideren.

Desde un medio local corresponde hacer algo más elemental: señalarla, ponerla en contexto y hacer las preguntas que merece.

Porque cuando los intereses concretos de Pinamar llegan al Congreso, representar a Pinamar debería pesar.