PINAMAR · INFORMACIÓN LOCAL

Pinamar 2050 y un museo que todavía busca su lugar
Durante casi tres décadas, un grupo de vecinos sostuvo la tarea de conservar la memoria de Pinamar mientras pasaban gobiernos, proyectos, terrenos, expedientes y posibles sedes. Madariaga y Villa Gesell transformaron sus museos en políticas públicas. Acá todavía discutimos dónde guardar nuestra historia.
En 2010 Pinamar parecía estar cerca de resolver una deuda que ya llevaba varios años. Había un terreno destinado al Museo Histórico, un proyecto arquitectónico, planos aprobados y un edificio de seis módulos pensado para construirse progresivamente. Mientras se presentaban los renders de aquella futura sede, sin embargo, buena parte de la colección que debía ocuparla estaba guardada en cajas dentro del Hotel Playas. El Museo había perdido dos años antes el inmueble de Ostende donde funcionó durante aproximadamente una década y nuevamente había sido la solidaridad de un particular la que había permitido encontrar un lugar para preservar su patrimonio.
Pasaron dieciséis años desde aquella presentación. El edificio nunca se construyó y el Museo todavía no tiene una sede definitiva. El dato podría reducirse a otra obra que no se hizo, otro proyecto que quedó en el camino o uno más de los tantos expedientes que atraviesan durante años las oficinas públicas. Pero cuando se reconstruye la historia completa aparece algo bastante más profundo: Pinamar lleva casi tres décadas reconociendo la importancia de preservar su memoria sin conseguir convertir ese reconocimiento en una política pública permanente.
El Museo Histórico del Partido de Pinamar ni siquiera nació por iniciativa del Estado municipal. Su origen estuvo en un proyecto educativo de la Escuela Nº3 de Ostende, impulsado a partir de una inquietud elemental: cuánto conocían los habitantes sobre la historia del lugar en el que vivían. La experiencia creció, superó las posibilidades de la escuela y encontró continuidad en vecinos que decidieron hacerse cargo de aquella tarea. El 18 de julio de 1998 se constituyó formalmente la Asociación de Amigos del Museo Histórico de Pinamar.
Desde entonces pasaron 28 años, distintos intendentes, concejales, funcionarios de Cultura, gobiernos, partidos y alianzas. En ese mismo período Pinamar creció, multiplicó su construcción, transformó buena parte del frente marítimo, remodeló espacios públicos, desarrolló nuevos barrios, organizó grandes eventos y atravesó innumerables discusiones sobre turismo, ambiente, infraestructura y desarrollo urbano. Hoy incluso intenta imaginar cómo quiere ser dentro de un cuarto de siglo. Mientras todo eso ocurría, el Museo siguió buscando un lugar donde establecerse definitivamente.
Sería injusto afirmar que el Estado municipal nunca hizo nada. El archivo demuestra lo contrario: hubo reuniones, expedientes, declaraciones, ordenanzas, un terreno afectado, proyectos arquitectónicos, comodatos y diferentes alternativas de ubicación. El problema es justamente que hubo todo eso y, aun así, después de casi tres décadas la cuestión sigue sin resolverse. Pinamar reconoció muchas veces que su Museo era importante; lo que nunca consiguió fue sostener en el tiempo una decisión política capaz de transformar ese reconocimiento en una verdadera política patrimonial.
Ya en 2004 existía un expediente municipal relacionado con la ubicación de la sede de la Asociación y en 2008 el Concejo Deliberante reconocía oficialmente la importancia de su trabajo. Hacia 2010 apareció el proyecto para construir el Museo en el Parque del Tridente, sobre Jonás entre Bunge y Libertador. La propuesta contemplaba seis módulos que permitían ejecutar la obra progresivamente y la propia Asociación buscaba recursos para hacerla realidad. Un año después volvió a reunirse con el entonces intendente Blas Altieri: los planos estaban aprobados y se solicitaba al Municipio que gestionara financiamiento para una obra cuyo costo se calculaba entonces en un millón y medio de pesos.
Nada de aquello llegó a convertirse en edificio. En 2014 apareció otro expediente, esta vez denominado “Creación Museo Histórico del Partido de Pinamar”. Se discutió en el Concejo, surgieron diferencias respecto de la ubicación y volvió a comisión. El mismo expediente reapareció en 2020 y continuaba siendo tratado en 2024, diez años después de su apertura. Para entonces habían pasado veinte años desde las primeras actuaciones municipales vinculadas con una sede y más de un cuarto de siglo desde la creación de la Asociación. A veces el paso del tiempo explica las prioridades de un Estado con mucha más claridad que cualquier discurso.
Durante todos esos años, la historia de Pinamar prácticamente peregrinó por la ciudad. El Museo comenzó en Ostende, parte de su patrimonio terminó almacenado en el Hotel Playas, hubo muestras en la Vieja Terminal, un proyecto que debía construirse en el Parque del Tridente, propuestas para utilizar la Casa Robette y finalmente un espacio dentro de la actual Terminal de Ómnibus. Algunas alternativas fueron mejores que otras, algunas avanzaron más y otras quedaron rápidamente descartadas, pero todas tuvieron algo en común: ninguna consiguió resolver definitivamente dónde y cómo debía preservarse el patrimonio histórico del Partido.
La solución más concreta de los últimos años llegó en 2022, durante la gestión de Martín Yeza, cuando se otorgó a la Asociación un espacio en la Terminal. Fue un avance real y corresponde reconocerlo. Permitió exhibir parte del material y darle mayor visibilidad a un trabajo que durante años había permanecido condicionado por la falta de un lugar. Pero un espacio cedido dentro de una terminal de ómnibus difícilmente pueda confundirse con una política museológica integral. Un museo necesita depósitos adecuados, condiciones de conservación, catalogación, investigación, digitalización, accesibilidad, personal, presupuesto y capacidad para recibir y preservar el patrimonio que continúa llegando.
Eso quedó especialmente claro en 2024, cuando integrantes de la Asociación volvieron al Concejo y explicaron las dificultades que enfrentaban. Recibían materiales que no podían resguardar adecuadamente por falta de espacio y recursos, tenían una hemeroteca difícil de exhibir y cargaban con una historia de proyectos que habían avanzado para después quedar en nada. En aquella reunión apareció además una afirmación que debería incomodarnos: plantearon alternativas para intentar que el Museo fuera autosustentable y no significara un gasto para la Municipalidad.
Quizás ahí se encuentre una de las distorsiones más profundas de toda esta historia. Una asociación de vecinos que lleva más de un cuarto de siglo preservando gratuitamente la memoria colectiva no debería sentir que, además, tiene que evitarle al Estado el costo de conservarla. Mantener un archivo cuesta, restaurar documentos y fotografías cuesta, catalogar objetos cuesta, digitalizar colecciones cuesta y contar con profesionales capacitados también cuesta. No es un gasto extraño a las funciones públicas: es precisamente una de las razones por las que existen las políticas culturales.
Esto tampoco significa desplazar a la Asociación ni quitar protagonismo a quienes sostuvieron el Museo cuando casi nadie más lo hacía. Es exactamente al revés. El trabajo realizado durante 28 años merece dejar de depender casi exclusivamente del esfuerzo, el tiempo y la voluntad de un grupo reducido de vecinos. El Estado debería acompañar esa experiencia, profesionalizar aquello que lo requiera, garantizar los recursos necesarios y asegurar que el patrimonio no dependa de quién tenga tiempo disponible para abrir una puerta, organizar una muestra o encontrar un lugar donde guardar una nueva donación.
La escena volvió a repetirse en marzo de este año, cuando vencía el comodato de la Terminal y nuevamente apareció la Casa Robette como una posible sede futura. Los representantes de la institución estuvieron de acuerdo en considerar la alternativa, pero plantearon una cuestión elemental: alguien tendría que restaurar y mantener el inmueble porque ellos eran, simplemente, un grupo de amigos. Después de 28 años sosteniendo buena parte de la memoria histórica de Pinamar, todavía tienen que explicar que no pueden hacerlo todo.
La comparación regional vuelve más difícil justificar esta demora. General Madariaga incorporó hace décadas la preservación de su historia a la estructura cultural de la ciudad y cuenta con distintos espacios museísticos. El Museo Histórico del Tuyú funciona en una casa histórica restaurada y tiene como misión institucional conservar, investigar y transmitir el patrimonio madariaguense. Villa Gesell desarrolló en el Pinar del Norte un conjunto de espacios vinculados con su identidad: el Museo y Archivo Histórico Municipal, el Museo de los Pioneros, el Museo del Veterano de Guerra de Malvinas y el Chalet de Don Carlos, además de sostener tareas de archivo, restauración, investigación y actividades para residentes y visitantes.
No se trata de iniciar una competencia absurda para determinar qué municipio tiene más museos. Madariaga y Villa Gesell también tendrán seguramente deudas pendientes con su patrimonio. La comparación sirve para demostrar algo mucho más elemental: preservar profesionalmente la historia de una comunidad no es una extravagancia imposible de afrontar para una ciudad de nuestra región. En ambos casos existe una decisión institucional más consolidada de considerar la memoria como parte de las responsabilidades públicas.
La contradicción es que Pinamar también sabe perfectamente cuánto vale su historia. La utiliza para promocionarse, organiza recorridos por Ostende, habla del Viejo Hotel, muestra la Casa Robette, recuerda a Jorge Bunge y a los pioneros y construye parte de su identidad turística alrededor de esos relatos. Nos gusta explicar que Pinamar es mucho más que playa, edificios y temporada. Pero reconocer el valor de la historia exige algo más que contarla cuando resulta atractiva: también obliga a conservarla cuando hacerlo requiere espacio, profesionales, presupuesto y continuidad.
No alcanza con declarar patrimonio aquello que después no sabemos cómo conservar.
Y es justamente ahora cuando toda esta historia adquiere una dimensión todavía mayor. Pinamar está discutiendo Pinamar 2050, un proyecto que intenta imaginar cómo será la ciudad dentro de casi un cuarto de siglo. Se habla de crecimiento, densidades, infraestructura, nuevas centralidades, movilidad, ambiente, servicios y desarrollo urbano. Es una discusión necesaria, porque una ciudad que no piensa hacia adelante termina condenada a administrar únicamente las urgencias del presente.
Pero esa voluntad de proyectar el futuro convive con una deuda difícil de ignorar: ¿qué dice de una ciudad que pretende proyectarse hacia 2050 pero todavía no decidió dónde guardar seriamente su pasado?
La pregunta no tiene que ver con nostalgia. Un archivo histórico permite comprender cómo creció una ciudad, qué decisiones transformaron su territorio, qué edificios perdió, cómo cambiaron sus barrios, cuáles fueron sus conflictos y qué proyectos quedaron inconclusos. Fotografías, diarios, planos, testimonios y objetos no son simplemente cosas antiguas acumuladas detrás de una vitrina. Son información sobre nosotros mismos y, en muchos casos, herramientas indispensables para comprender por qué Pinamar es hoy la ciudad que es.
En todo este recorrido hubo, además, una enorme fortuna: mientras el Estado demoraba en transformar esa necesidad en una política permanente, hubo vecinos que decidieron que la historia no podía esperar. Buscaron documentos, clasificaron fotografías, recibieron donaciones, organizaron exposiciones, investigaron, golpearon puertas y atravesaron cada mudanza sin abandonar el proyecto. Mientras Pinamar crecía y discutía otras prioridades, ellos se ocuparon de que una parte de nuestra memoria no desapareciera.
Por eso esta no debería ser solamente una discusión sobre lo que le falta al Museo. Es una discusión sobre lo que le falta a Pinamar. Después de 28 años, la respuesta institucional no puede volver a ser otro expediente, otra reunión, otro comodato transitorio o un nuevo edificio posible. Hace falta una política patrimonial que establezca una sede adecuada, presupuesto, condiciones profesionales de conservación, personal capacitado, digitalización, investigación, archivo y un programa educativo que conecte ese patrimonio con las nuevas generaciones.
La Casa Robette puede ser una alternativa si su situación jurídica, sus características patrimoniales y las posibilidades económicas hacen viable el proyecto. También puede existir otra opción mejor. La discusión sobre el edificio es necesaria, pero no debería volver a convertirse en el principio y el final de la conversación. Después de tantos años buscando lugares, primero hace falta una decisión mucho más importante: que Pinamar asuma institucionalmente que conservar su memoria es una responsabilidad pública y permanente.
Pensar Pinamar 2050 supone discutir cuánto creceremos, dónde construiremos, cómo nos moveremos y qué ciudad queremos dejarles a quienes vengan después. Está bien que finalmente intentemos mirar tan lejos. Pero una comunidad no se construye solamente imaginando su futuro; también necesita saber qué historia la trajo hasta acá.
Durante 28 años hubo vecinos que se ocuparon de que esa historia sobreviviera. Ya hicieron bastante.
Ahora le toca a Pinamar hacerse cargo de ella.
Ricardo Magne
Editor Responsable – 2254Noticias



