Una ordenanza reabre la discusión por las carpas en la playa

El Concejo Deliberante habilitó la posibilidad de incorporar carpas en cinco unidades del Sector 8, que habían sido licitadas en 2009 sin ese servicio. La modificación generó cuestionamientos de concesionarios y un pedido para que el intendente Juan Ibarguren vete la norma.

Una decisión tomada en el Concejo Deliberante volvió a poner bajo discusión las reglas que ordenan el frente marítimo de Pinamar. El 25 de septiembre fue sancionada la Ordenanza 7361/2026, que permite incorporar carpas en las unidades turísticas del Sector 8, ubicadas en la zona norte, modificando las condiciones bajo las cuales ese sector venía funcionando desde la reorganización de la playa iniciada en 2009.

El antecedente es central para entender la controversia. La Licitación Pública 10/2009 reorganizó 46 unidades turísticas dentro del Plan de Manejo Integrado del Frente Marítimo. Las unidades 42 a 46 del Sector 8 fueron licitadas con cero carpas y hasta 50 sombrillas, mientras que otras unidades sí contemplaban la explotación de carpas y partían de cánones superiores. La Asociación de Concesionarios cuestionó ahora que esa condición pueda modificarse sin una nueva licitación y también planteó objeciones por la ausencia de una evaluación ambiental previa específica para el cambio.

El caso fue investigado por El Pionero, que reconstruyó las condiciones de la licitación de 2009 y puso además el foco sobre posibles vínculos políticos y económicos alrededor de algunas de las unidades beneficiadas por la modificación. El medio analizó sociedades, concesionarios y la participación de concejales en la votación, y anticipó que continuará profundizando esa línea de investigación. Esos señalamientos forman parte del trabajo publicado por El Pionero y requieren, para ser asumidos como conclusiones propias, una verificación independiente de la documentación involucrada. Investigación de El Pionero

La discusión ya pasó del Concejo al Departamento Ejecutivo. Los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilán, que votaron en contra, solicitaron formalmente a Ibarguren el veto total de la ordenanza y pidieron que, mientras se resuelve, no se autoricen instalaciones, comercialización de carpas ni modificaciones contractuales amparadas en la nueva norma. Argumentan que el cambio podría alterar las condiciones económicas y materiales de concesiones otorgadas bajo reglas diferentes.

El debate excede entonces la incorporación de algunas carpas. La cuestión que queda abierta es hasta dónde pueden modificarse durante una concesión las condiciones con las que originalmente se licitó un espacio de playa pública. La respuesta que dé ahora el Ejecutivo —promulgando o vetando la ordenanza— definirá si el Sector 8 comienza la próxima temporada bajo un régimen distinto al que mantuvo durante los últimos quince años.