Tres años después de la muerte de Fausto, la seguridad en las obras vuelve a quedar bajo la lupa

Carina Zabala volvió a denunciar trabajadores sin registrar, falta de ART y deficiencias en los controles sobre la construcción. También lanzó acusaciones contra UOCRA y cuestionó el rol del Municipio. El reclamo recupera una discusión que Pinamar todavía no logró cerrar: quién controla efectivamente las condiciones en las que trabajan cientos de obreros.

La muerte de Fausto Maldonado puso en 2023 la seguridad de las obras en el centro de la discusión pública. Tres años después, su madre asegura que muchas de las situaciones que comenzó a documentar entonces continúan ocurriendo. En una entrevista con Pinamar Diario, Carina Zabala afirmó haber encontrado trabajadores sin registrar, falta de cobertura de ART y elementos de protección utilizados de manera incorrecta. Fue todavía más lejos al denunciar que integrantes de UOCRA avisarían anticipadamente sobre determinados controles, permitiendo —según su relato— retirar momentáneamente de las obras a trabajadores que se encuentran en situación irregular. Zabala aseguró que estas situaciones ya fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo.

El reclamo tiene un antecedente institucional difícil de soslayar. En noviembre de 2025, el Concejo Deliberante aprobó la denominada Ordenanza Fausto, surgida a partir del trabajo que Zabala venía realizando después de la muerte de su hijo. La iniciativa buscaba reforzar los mecanismos de prevención y fiscalización en las obras, pero posteriormente fue alcanzada por un veto del Ejecutivo y el expediente terminó archivado en el Concejo. El debate dejó expuesta una discusión que todavía continúa: qué estructura necesita Pinamar para controlar una actividad que forma parte central de su crecimiento urbano.

Ahora Zabala vuelve a colocar al Municipio en el centro de sus cuestionamientos. Asegura que los controles continúan siendo insuficientes y pone en duda el argumento de la falta de recursos utilizado durante la discusión de la Ordenanza Fausto. En la entrevista sostuvo que, a partir de una investigación propia, detectó que durante junio el Municipio habría destinado $136 millones a contrataciones realizadas bajo el artículo 70, incluyendo —según afirmó— personas que ni siquiera residirían en Pinamar. La cifra y las características de esas contrataciones no fueron verificadas de manera independiente por 2254 Noticias y corresponden exclusivamente a lo denunciado por Zabala.

La discusión, sin embargo, ya excede una ordenanza. Mientras la causa judicial por la muerte de Fausto continúa su recorrido y su madre sigue relevando obras y denunciando irregularidades, permanece abierta una pregunta mucho más sencilla que cualquier expediente: ¿quién verifica, en la práctica, que cada trabajador que sube a una obra en Pinamar lo haga registrado, asegurado y con las condiciones necesarias para volver a su casa?des