La discusión por La Frontera suma otro capítulo: ahora el foco también está puesto en los médanos

Faro Ciudadano pidió intervenir en la causa iniciada tras el accidente de Bastián y cuestionó el acuerdo alcanzado entre el Municipio y Pablo Martínez Carignano. La asociación pretende incorporar la dimensión ambiental al expediente que hasta ahora estuvo concentrado principalmente en la seguridad. Antes de decidir, la Justicia abrió una nueva instancia para escuchar a las partes.

La discusión judicial sobre el futuro de La Frontera acaba de sumar un nuevo actor y otro argumento. La Asociación Civil Faro Ciudadano solicitó intervenir como tercero en el expediente iniciado por Pablo Martínez Carignano contra la Municipalidad de Pinamar y presentó documentación y observaciones al acuerdo alcanzado entre ambos. Su planteo busca que, además de los riesgos derivados de la circulación de UTV, cuatriciclos y camionetas, se evalúe el posible impacto ambiental que esas actividades producen sobre el sistema de médanos.

La causa comenzó después del grave accidente que sufrió Bastián Jerez en enero. En febrero, el Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Dolores ordenó suspender pruebas de destreza, competencias, carreras y otras maniobras riesgosas con vehículos motorizados en La Frontera, incluso en sectores privados. Con el paso de los meses, el Municipio y Martínez Carignano avanzaron en un acuerdo que contempla medidas de seguridad y control como condición para modificar la situación actual. Ese convenio todavía debe atravesar la instancia judicial correspondiente.

La presentación de Faro Ciudadano introduce ahora una discusión diferente: si garantizar controles y seguridad resulta suficiente o si también deben establecerse límites vinculados con la preservación ambiental del sector. Antes de resolver, el juzgado dio traslado de la presentación a las partes y también al Ministerio de Seguridad bonaerense por dos días, debido al rol que tendría ese organismo en el esquema de controles previsto.

Por ahora, sin embargo, no existe una resolución que prohíba todas las actividades motorizadas en el Partido de Pinamar por razones ambientales. Esa es una posible consecuencia que plantea El Cartero al analizar la presentación, pero no una decisión adoptada por la Justicia. El próximo movimiento judicial será importante porque la discusión que comenzó alrededor de cómo evitar nuevos accidentes en La Frontera podría terminar definiendo también qué actividades son compatibles con la conservación de uno de los ambientes más sensibles de Pinamar.