PINAMAR · INFORMACIÓN LOCAL

Tres concejales todavía figuran sin presentar sus declaraciones juradas
Un relevamiento de El Pionero puso bajo la lupa la información patrimonial de los integrantes del Concejo Deliberante. El registro oficial confirma que hay tres presentaciones pendientes y abre una discusión sobre el acceso público a los bienes e ingresos declarados por los representantes políticos.
La transparencia patrimonial de los concejales volvió a quedar bajo observación después de una investigación publicada este sábado 10 de octubre por El Pionero. El medio examinó las declaraciones juradas de los catorce integrantes del Concejo Deliberante y detectó que tres todavía no figuran entre quienes cumplieron con su presentación: Gregorio Estanga, Leonardo Nápoli y Horacio Errasquin. El dato también aparece en la sección Transparencia 2026 del sitio oficial del cuerpo legislativo, donde se encuentran disponibles once declaraciones y se identifica expresamente a los tres concejales con documentación pendiente. La obligación de presentar esta información está contemplada en la Ordenanza 5254/2018.
El relevamiento periodístico también expuso diferencias llamativas entre los valores declarados de determinados bienes y los precios que podrían alcanzar en el mercado. Sin embargo, existe una distinción fundamental para interpretar esos números: las valuaciones fiscales de los inmuebles no equivalen a su valor comercial y pueden resultar considerablemente inferiores. Por eso, una propiedad declarada por una cifra reducida no constituye, por sí misma, una irregularidad. La investigación de El Pionero menciona situaciones correspondientes a representantes de diferentes espacios políticos, lo que permite observar que la discusión sobre la forma de presentar y comprender la información patrimonial no se limita a un bloque determinado.
Más allá de los montos individuales, el asunto plantea una pregunta sobre el funcionamiento de los mecanismos de control institucional. Las declaraciones juradas buscan ofrecer herramientas para conocer la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas y contribuir a la prevención de conflictos de intereses. Para que cumplan esa finalidad, no alcanza con que los documentos existan: también deben presentarse en los plazos correspondientes, estar disponibles para su consulta y contener información que pueda interpretarse correctamente. El próximo paso será determinar por qué continúan pendientes esas tres presentaciones, si existen requerimientos formales para regularizarlas y qué controles establece la normativa ante eventuales incumplimientos.



